Nuevas imputaciones a ex funcionarios municipales de Pilar. Ahora por supuestas irregularidades en un plan de viviendas

29/03/2018

La Fiscal de Instrucción de Río Segundo, Patricia Baulies, disputo la imputación del (suspendido) intendente de la ciudad de Pilar Diego Bechis por supuesto autor de los delitos de defraudación por administración fraudulenta calificada continuada en perjuicio de la Municipalidad de Pilar y  abuso de autoridad reiterado y del ex Secretario de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Pilar, Marcos Bechis por supuesto partícipe necesario del delito de defraudación por administración fraudulenta calificada continuada y autor del delito abuso de autoridad reiterada, todo en concurso real . Asimismo imputó al ex Asesor Letrado de la Municipalidad de Pilar, Cristian Moyano por supuesto partícipe necesario del delito de defraudación por administración fraudulenta calificada continuada, al ex Secretario de Obras y Servicios Públicos, Paulo Berón, como autor del delito de abuso de autoridad y al ex Procurador Fiscal de la Municipalidad de Pilar , Juan Pablo Risso, por supuesto partícipe necesario del delito de defraudación por administración fraudulenta calificada continuada y autor del delito de negociación incompatible con la administración pública, en concurso real. Asimismo la Fiscal imputó a los ex Concejales de la Municipalidad de Pilar, Carlos Biagiola; Raquel Botta; Maria Laura Grubic y Oscar Marsilli, por supuestos partícipes necesarios de los delitos de defraudación por administración fraudulenta calificada continuada y autores de abuso de autoridad (cuatro hechos)  todo en concurso real . Finalmente tambien decidió imputar a Diego Bechis; Marcos Bechis; David Ruiz; Juan Pablo Risso, en calidad de coautores, y a Cristian Moyano y Noelia Copetti en calidad de partícipes necesarios del delito de estafa reiterada -ochenta y tres hechos- en concurso real.

Los hechos

Todo por una investigación sobre un plan de viviendas. Según la fiscal se colige que la Municipalidad encomendó una obra pública ( realización de viviendas que denominan sociales) fuera de toda norma de derecho administrativo, a una persona física (que ya al tiempo de contratación estaba informado por el BCRA como de Alto Riesgo), siendo la Municipalidad quien convocaba y elegía a través de su comité de selección (formado por funcionarios municipales), a los adherentes al plan, los que contrataban confiando en el respaldo de la Municipalidad de Pilar,  dejando esta última en manos del empresario, el cobro y administración de las cuotas (que se abonan en efectivo en su estudio jurídico o empresa) y sin ningún control ni fiscalización Municipal de lo atinente a loteo, planos de subdivisión, planos de construcción de las viviendas, etc.