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11/12/2016
En el marco de las “XXIX Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos” que se realizan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los Consejos Federales de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y de Política Criminal, formulan la siguiente declaración:
El avance de la narcocriminalidad en la Argentina demanda que se reconsidere la situación de ineficiencia que actualmente se verifica en su persecución penal. Instamos a las autoridades nacionales y provinciales a definir con urgencia la participación que los organismos de la justicia provincial y federal. Lo hemos ya afirmado en el marco de declaraciones previas y reiteramos aquí, que consideramos óptimo el modelo que combina una intervención coordinada de la justicia federal y provincial, sea en el marco del actual sistema de desfederalización o en otros más flexibles que puedan surgir de una reforma legal. Entendemos, sin embargo que mientras se mantenga en vigencia la ley 26052, las provincias adheridas al régimen allí previsto deben gestionar de manera conjunta el cumplimiento de la cláusula de financiamiento que impone dicha norma al Estado Nacional. Asimismo, señalamos la importancia de que se inicie un proceso de profesionalización y especialización de fuerzas policiales para la investigación del fenómeno de la narcocriminalidad, con amplia participación de conducción y control de los Ministerios Públicos Fiscales, que es la mejor forma de prevenir los efectos de la capacidad corruptora que ese fenómeno delictivo tiene sobre tales fuerzas. Con el objeto de dimensionar lo mucho que falta hacer en esta materia nos limitamos a señalar que la única provincia que actualmente dispone de un modelo policial como el señalado es la de Córdoba.
En relación con la violencia de género, sostenemos que ha llegado el momento de trasponer la zona de los discursos y fortalecer el orden penal para una más amplia y eficaz protección de las víctimas; en este aspecto deben urgentemente introducirse reformas al Código Penal, sobre lo cual los Consejos han formulado ya una propuesta al Ministerio de Justicia. Creemos, además, que en la materia es necesario que se trabaje en la reformulación del abordaje judicial de la violencia de género, terminando con la tradicional modalidad de intervención dispersa de los fueros civil y penal actualmente existente para llegar a una más eficiente actuación en un ámbito judicial único de atención integral; esperamos, en consecuencia, la pronta finalización y consiguiente propuesta de un código modelo que actualmente prepara una comisión que trabaja en la Secretaría de acceso a la justicia del Ministerio de Justicia de la Nación. Por último, reclamamos el desarrollo de un programa federal que promueva en todo el ámbito carcelario de la República Argentina la aplicación de métodos de tratamiento de violentos que vienen aplicándose con éxito en otros países y que no persiguen sino otro objeto que evitar la repetición de conductas delictivas y por ende una mejor protección de las víctimas, especialmente necesaria en un fenómeno donde la reincidencia alcanza sus índices más elevados.
La ciberdelincuencia constituye una problemática que viene siendo abordada por los Ministerios Públicos en el marco de los Consejos que los nuclean, a través del Programa Red 24/7 “Protocolo de Intervención urgente y Colaboración en caso de detección de uso de pornografía infantil en internet” que concentra los reportes que a nivel internacional se producen sobre actividades de pedofilia detectadas en la red informática. Si bien la labor que en este sentido se desarrolla hace ya varios años había permitido en diversos casos tomar acciones concretas, ha sido durante el año 2016 donde esta actividad conjunta, ejecutada con el liderazgo del Ministerio Público Fiscal de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con la participación de un gran número de provincias, ha rendido sus frutos más trascendentes, permitiendo el desbaratamiento de una red de pornografía infantil originada en el exterior, que había afectado a decenas de niñas y niños de nuestro país, de lo que han dado cuenta ampliamente los medios nacionales. Este tipo de acciones coordinadas son demostrativas de la capacidad de trabajo conjunto y de logros institucionales concretos en el marco del sistema federal, cuando el objetivo es enfrentar fenómenos delictivos complejos.
Los Consejos han sido un motor de la expansión del sistema acusatorio y por ello consideramos un gran avance la sanción del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que promueve la adopción de dicho sistema en la justicia federal y nacional. Sin embargo, advertimos con preocupación que su implementación ha adquirido un ritmo sumamente lento y se encamina hacia una situación de indefinición en cuanto a los plazos y asignación de recursos necesarios para tan trascendente cambio. Ponemos de manifiesto nuestro especial interés en que tal reforma se concrete con la expectativa de articular esfuerzos entre los ministerios públicos fiscales federales y provinciales, en el convencimiento de que es sólo dentro del sistema acusatorio que pueden adoptarse políticas de persecución penal que den satisfacción a una demanda legítima que en este aspecto hoy plantea la ciudadanía.
Consideramos que, como señaló la C.S.J.N. en los fallos “Corrales” y “Nisman”, es necesario completar cuanto antes el traspaso de la Justicia Ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires, para la designación de jueces, fiscales, defensores y asesores y avanzar en relación a los códigos procesales, la cuestión presupuestaria y el diseño del sistema judicial, aspectos estos que deben ser abordados por la instituciones locales.
Finalmente, en razón de la alta misión de defender la legalidad, en particular la de mayor jerarquía concentrada en el orden constitucional que les ha sido asignada a los ministerios públicos, no es posible soslayar en nuestra declaración de este año la situación planteada en torno a la estabilidad de los ministerios públicos; éstos son una parte esencial de la institucionalidad y la afectación de su funcionamiento autónomo sólo puede producirse por las vías constitucionalmente previstas; desaprobamos por tanto, no solo las maniobras que al margen de estas vías conlleven la finalidad de producir alteraciones en los planos de máxima jerarquía de los ministerios públicos, como así también los intentos de desmembrar parte de sus atribuciones esenciales para su funcionamiento autónomo, transfiriéndolas a otros organismos del Estado.