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19/08/2016
Las deliberaciones y conferencias del último día de este encuentro internacional se desarrollo en medio de una importante asistencia en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC, giraron en torno al tema central de la convocatoria desde el punto de vista del delito cibernético propiamente dicho.
En la primera de las mesas de la mañana, se abarcó este tema y durante su transcurso, directivos de Telecom, Fibertel, Claro, Microsoft y Telefónica –entre otros- expusieron la situación de cada uno de esos operadores de internet en su relación con los pedidos de investigación de la justicia. La mayoría de ellos coincidió en que el volumen de la demanda de información emanada desde fiscalías y juzgados de todo el país aumentó considerablemente en los últimos dos años. Incluso el representante de Telefónica agregó el dato de que, en lo que va de éste año recibieron 650 requerimientos de la justicia, en general, causas relacionadas con delitos de secuestro o abusos sexuales.
Con la firme convicción que la tecnología puso a estas empresas frente a un nuevo paradigma marcado por la tecnología, los especialistas coincidieron en la necesidad de establecer protocolos más ágiles de parte de la justicia que –a su vez- le permitan responder con la celeridad posible la requisitoria judicial preservando –a la vez- el derecho de intimidad del usuario, más allá de reconocer el avance de los delitos generados en la red.
Luego fue el turno del plantel de conferencistas que estuvo encabezado por representantes de la banca local, Tarjeta Naranja, Link, Banco de Córdoba y Check Point Israel/México.
Karin Hitt (Banco de Córdoba) distinguió enfáticamente el pasado y el presente de este tipo de delitos informáticos de última generación que dejaron atrás aquellos tradicionales -robos a entidades bancarias- poniendo como dato fantasma de lo que ya no existe, al otrora famoso delincuente conocido como el “Gordo Valor”, en una imagen en que se lo ve esposado.
Tras reconocer la sofisticación del fraude de estos delitos virtuales en cajeros automáticos y tarjetas de crédito y/o débito desde cualquier parte del mundo, el funcionario reconoció que aún no tienen una base de datos definida, pero acotó que están trabajando especialmente en el tema a través de un convenio firmado recientemente con la Fiscalía General de la Provincia.
Concluyó con este grupo, la exposición del fiscal cordobés a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Casos Complejos, Mariano Antuña, de amplia experiencia en la temática.
En el último eje propuesto, disertaron los abogados Maximiliano Hairabedián (Fiscal Federal), Marcos Salt (especialista en cibercrimen y coordinador del Programa Nacional contra la Criminalidad Informática) y Daniela Dupuy (a cargo de la Fiscalía especializada en Delitos Informáticos del MPF de la CABA).
En su turno, Hairabedián, se refirió a la cuestión de la prueba informática, su incorporación al proceso penal y los «problemas de admisibilidad» que surgen con relación a la evidencia que puede obtenerse a partir de los datos contenidos en los dispositivos móviles (smartphones, tablets, laptops, etc) y en sitios de almacenamiento en nube.
Luego tomó la palabra el especialista Salt, quien destacó la necesidad de adecuar las leyes procesales, en las que se incluyan herramientas que respalden la obtención de evidencia digital, en la cooperación internacional, como sería la adhesión a la Convención de Budapest -para resolver más rápido casos de delitos informáticos-, y fundamentalmente en la capacitación de los operadores judiciales de todo el país, para que puedan comprender los pedidos de recolección, almacenamiento y análisis de evidencia digital.
El cierre del seminario, estuvo a cargo de la titular de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos del MPF de la Ciudad Autónoma de Bs. As., quien hizo un repaso de los beneficios y ventajas de las audiencias orales en los sistemas de enjuiciamiento criminal, para culminar con un ejercicio en el que intervinieron los asistentes al evento, que consistió en recrear una «audiencia de admisibilidad de prueba digital» en un proceso penal.
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